En la madrugada de este martes 23 de abril, las autoridades detuvieron a Armando N, exalcalde de Progreso de Obregón, en relación con presuntos actos de corrupción, según lo anunciado por el gobierno de Hidalgo en una conferencia de prensa. Esta acción surge a raíz de denuncias penales iniciadas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).

La ASEH había interpuesto una denuncia penal el 15 de marzo de 2024, tras descubrir irregularidades en las cuentas de Progreso de Obregón, por un monto de 10 millones 713 mil 379 pesos con 20 centavos. A pesar de que el municipio recibió notificación en noviembre de 2023, y contaba con 20 días hábiles para solventar la situación, solo logró cubrir poco más de 5 millones de pesos. Debido a este incumplimiento, se procedió con el proceso penal.

El contralor de Hidalgo, Álvaro Bardales, reveló que en un análisis inicial de posibles actos de corrupción durante el cambio de administración, se presentaron 41 denuncias, de las cuales 19 fueron contra dependencias, 12 contra organismos y 10 contra municipios, implicando un total de 2 mil 204 millones de pesos. Como resultado, 85 servidores públicos enfrentan acciones legales, más de 20 de ellos tienen responsabilidades judiciales, y 10 presidentes municipales han sido cesados, junto con más de 10 funcionarios públicos y contralores internos denunciados por negligencia.

En este proceso se ha logrado recuperar más de 180 millones de pesos, gracias a la colaboración de diversas personas que se acogieron a criterios de oportunidad, así como a la recuperación de inmuebles que ahora son propiedad pública. Los principales motivos de corrupción identificados incluyen la falsificación de registros informáticos, el mal uso de fondos destinados a combatir la Covid-19, y la desviación de recursos hacia obras viales y hídricas en áreas rurales, que nunca llegaron a completarse.

En la conferencia, Bardales también destacó que se han identificado 11 mil obras públicas con deficiencias, y que se ha avanzado en la corrección de este problema en un 53 por ciento, aunque aún quedan pendientes 5 mil 148 obras por revisar, de las cuales 2 mil 643 han resultado en la descalificación de 600 empresas constructoras.