Especialistas advierten que la reciente reforma a la Ley de Amnistía, aprobada por el Senado, podría tener consecuencias negativas al otorgar al Presidente la facultad de liberar a delincuentes que proporcionen información sobre casos graves. Gabriel Regino, exsubsecretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y actual titular del despacho "Regino Abogados", considera que esta medida es un intento desesperado por parte del gobierno para abordar casos pendientes, como el de Ayotzinapa, ante la falta de avances en la búsqueda de justicia para los 43 normalistas desaparecidos.

Regino expresa su preocupación por la posibilidad de que el Presidente pueda conceder el perdón de manera unilateral y sin supervisión, omitiendo procesos legales como el debido proceso, la intervención del Poder Judicial y la Fiscalía. Además, señala la ausencia de un mecanismo claro que determine qué entidades validarán las solicitudes de amnistía propuestas por el Ejecutivo federal.

Lisa Sánchez, directora de la asociación México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), coincide en que estas modificaciones podrían perjudicar la reparación del daño a las víctimas y su derecho a la verdad. Destaca como uno de los principales problemas de la reforma la falta de una excepción para crímenes que vulneren gravemente los derechos humanos, como la desaparición forzada o el homicidio doloso. Esto podría resultar en la liberación de criminales peligrosos y dejar desprotegidas a las víctimas y sus familias.