Mariana Calderón, portavoz del Consejo Nacional de Litigio Estratégico A.C., expresó su preocupación por la propuesta de reforma a la Ley de Amparo impulsada por Morena, la cual busca prohibir que los jueces suspendan normas emitidas por el Congreso de la Unión. Según Calderón, esta medida podría sobrecargar el sistema judicial y afectar económicamente a los mexicanos.

En una entrevista con El Sol de México, Calderón señaló que la suspensión general era una herramienta para detener temporalmente la aplicación de leyes inconstitucionales que violaban los derechos humanos. Sin embargo, con esta reforma, la posibilidad de obtener una suspensión general se vería limitada, lo que desincentivaría la presentación de amparos por parte de la población.

La reforma, aprobada por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados, impediría que los jueces de distrito suspendan leyes emanadas del Congreso de la Unión. Según Calderón, esta medida representa un retroceso en la democratización de la justicia y afecta el Estado de derecho, ya que limitaría el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.

Calderón advirtió que la adhesión a esta reforma obligaría a las personas a presentar amparos individuales para protegerse de leyes que violen sus derechos, lo que provocaría una saturación de solicitudes para los jueces. Esto contrasta con la suspensión general, que permite una protección más amplia y eficiente para todos los afectados por una ley injusta.

En resumen, Calderón explicó que eliminar la posibilidad de suspensión general en la Ley de Amparo afectaría la rapidez y eficiencia de la justicia, provocando un mayor rezago y una carga adicional para el sistema judicial.