La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, ha ordenado el inicio de una investigación contra el exministro Arturo Zaldívar y funcionarios del Poder Judicial cercanos a él. Se les acusa de varios delitos, incluyendo violación a la independencia judicial, falta de imparcialidad, violencia sexual, cohecho, abuso de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

Zaldívar ha denunciado que esta investigación tiene motivaciones políticas, argumentando que los resultados electorales influirán en una posible reforma judicial profunda.

El proceso se originó a partir de una denuncia anónima recibida por el Consejo de la Judicatura Federal el 9 de abril. Esta denuncia acusa a Zaldívar de presionar a jueces a cambio de beneficios políticos y económicos durante su periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 2019 y 2022.

El Consejo de la Judicatura Federal ha determinado que no tiene la facultad para investigar a Zaldívar, quien ya está retirado como ministro. Por lo tanto, ha transferido el caso a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Suprema Corte.

La investigación también incluye a otros jueces y magistrados, así como los casos que han manejado, aunque en algunos casos se omite mencionar nombres.

Esta situación ha generado debate sobre el uso de denuncias anónimas en el Poder Judicial y sus implicaciones en la justicia del país. Algunos expertos consideran que este tipo de denuncias puede afectar la imparcialidad y transparencia del sistema judicial.

A pesar de las afirmaciones de Zaldívar sobre motivaciones políticas detrás de la investigación, se espera que la Suprema Corte actúe con imparcialidad y garantice la integridad del proceso.