Después de casi dos años bajo detención, el exprocurador Jesús Murillo Karam podrá continuar el proceso legal en su contra desde su hogar, gracias a la suspensión definitiva otorgada por un juez federal tras una solicitud de amparo y la imposición de medidas cautelares.

Murillo Karam, acusado de presunta participación en actos de tortura contra un individuo relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, permanecerá bajo prisión domiciliaria y supervisión de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva el 4 de abril, luego de que Murillo Karam y su equipo legal presentaran un recurso de revisión para permitirle enfrentar el proceso desde su hogar. La audiencia para finalizar los detalles se llevó a cabo el 12 de abril en el Reclusorio Sur, donde se establecieron siete medidas de seguridad, como vigilancia domiciliaria y prohibición de comunicarse con la presunta víctima y testigos.

A pesar de que la FGR solicitó 15 medidas de seguridad, incluido el uso de un brazalete electrónico, el juez consideró que estas eran excesivas y solo impuso siete. La solicitud inicial de prisión domiciliaria fue rechazada, lo que llevó a la defensa a interponer un juicio de amparo basado en la condición de salud de Murillo Karam, quien sufre una enfermedad grave y supera los 75 años de edad, según el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Se destacó que el cambio en la medida cautelar no implica la liberación de Murillo Karam, sino un cambio en el lugar de su reclusión. Además, se enfatizó que el exprocurador demostró su disposición a colaborar con la justicia al permitir su detención, a pesar de tener la oportunidad de evadirla.

Murillo Karam, de 76 años, ha sido trasladado varias veces al Instituto Nacional de Cardiología debido a problemas de salud, incluida una obstrucción en la carótida que aumenta su riesgo de coágulos cerebrales, así como hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Según sus abogados, estos problemas de salud ponen en peligro su vida.

Las acusaciones en su contra se centran en su presunta participación en actos de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, conocido como "El Cepillo", presunto miembro de Guerreros Unidos, grupo vinculado a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.