El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito otorgó la suspensión definitiva al exprocurador Jesús Murillo Karam, permitiéndole cumplir su periodo de prisión preventiva en su domicilio. Este hecho se produce dentro del contexto del recurso de revisión presentado por Murillo Karam, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta implicación en el delito de tortura vinculado al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014.

Inicialmente, la solicitud de modificación de la medida cautelar había sido denegada, lo que llevó a Murillo Karam a recurrir a un juicio de amparo para obtener la suspensión de dicha determinación y cumplir su periodo de prisión preventiva desde su hogar.

El tribunal ofreció varios argumentos para conceder la suspensión definitiva. Entre ellos se destaca que el ac

culpado sufre una enfermedad grave y supera los setenta y cinco años de edad, lo cual está contemplado como una excepción en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, se considera que la modificación de la medida cautelar no implica la liberación de Murillo Karam, sino simplemente un cambio en el lugar de su reclusión.

Se resalta que Murillo Karam ha demostrado disposición a colaborar con la justicia al permitir la ejecución de la orden de aprehensión, a pesar de tener la oportunidad de evadirla. También se menciona que su situación familiar y su edad son elementos que deben tenerse en cuenta.

El exfuncionario, de 76 años, ha sido trasladado en varias ocasiones al Instituto Nacional de Cardiología para someterse a estudios médicos, los cuales han revelado que tiene una carótida obstruida, lo que lo pone en riesgo de sufrir un coágulo cerebral. Además, padece hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), e incluso ha sido sometido a una cirugía de Endarterectomía Carotídea.

En octubre de 2022, fue ingresado a terapia intensiva debido a complicaciones derivadas de la presión arterial alta, así como de los elevados niveles de colesterol y triglicéridos.

Según la causa penal, el exprocurador habría participado en actos de tortura contra presuntos miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Se le acusa también de obstruir las investigaciones para localizar a los 43 estudiantes, quienes según las investigaciones, fueron detenidos por la policía municipal y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos. El exfuncionario habría tenido un papel crucial en la formulación de la llamada "verdad histórica" sobre este caso.